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62025CO0842

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)

de 19 de octubre de 2026 (*)

En el asunto C‑842/25 [Sollán], (i)

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de A Coruña, mediante auto de 6 de noviembre de 2025, recibido en el Tribunal de Justicia el 2 de diciembre de 2025, petición que se completó mediante auto de 26 de marzo de 2026, recibido en el Tribunal de Justicia el 14 de abril de 2026, en el procedimiento entre

Investcapital Ltd

y

PG,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

integrado por la Sra. R. Frendo, Presidenta de Sala, y los Sres. N. Jääskinen y M. Condinanzi (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. R. Norkus;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento iniciado por Investcapital Ltd contra PG, consumidora, en el que solicita que se emita un requerimiento de pago de una deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 tiene la siguiente redacción:

«Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores».

4 El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

5 A tenor del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva:

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»

Derecho español

6 El artículo 815, apartado 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), en su versión aplicable al procedimiento principal (en lo sucesivo, «LEC»), establece lo siguiente:

«Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado al juez o jueza, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.

Igualmente, si se considerase que la deuda se funda en un contrato celebrado entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, previamente a efectuar el requerimiento de pago, dará cuenta al juez o jueza, quien, si estimare que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiera ser calificada como abusiva, podrá plantear mediante auto una propuesta de requerimiento de pago por el importe que resultara de excluir de la cantidad reclamada la cuantía derivada de la aplicación de la cláusula.

En ambos casos, el demandante deberá aceptar o rechazar la propuesta formulada en el plazo de diez días, entendiéndose aceptada si dejara transcurrir el plazo sin realizar manifestación alguna. En ningún caso se entenderá la aceptación del demandante como renuncia parcial a su pretensión, pudiendo ejercitar la parte no satisfecha únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda.

Si la propuesta fuera aceptada se requerirá de pago al demandado por dicha cantidad.

En otro caso se tendrá al demandante por desistido, pudiendo hacer valer su pretensión únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda.

El auto que se dicte en este último caso será directamente apelable por la parte personada en el procedimiento.»

Litigio principal y petición de decisión prejudicial inicial

7 El 14 de octubre de 2017, PG celebró un contrato de tarjeta de crédito con Investcapital.

8 El 31 de enero de 2025, esta última presentó ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de A Coruña, que es el órgano jurisdiccional remitente, una petición de proceso monitorio contra PG.

9 Al tratarse de un contrato celebrado entre un profesional y una consumidora, el letrado de la Administración de Justicia dio cuenta de ello al órgano jurisdiccional remitente, con arreglo al artículo 815, apartado 3, de la LEC, para que se examinara el posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales que constituían el fundamento de la petición de proceso monitorio.

10 En el contexto de ese examen, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la conformidad de esta disposición con el Derecho de la Unión, en particular con la Directiva 93/13, interpretada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

11 Dicho órgano jurisdiccional señala que, a tenor del artículo 815, apartado 3, de la LEC, el juez que conoce de la petición de proceso monitorio está obligado a examinar de oficio el posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales y, en caso de que se aprecie tal carácter, debe limitarse a proponer una reducción del importe del crédito, excluyendo de la cantidad reclamada la cuantía derivada de la aplicación de la cláusula considerada abusiva. El órgano jurisdiccional remitente precisa que esta disposición establece que la aceptación, por el peticionario del requerimiento de pago, de la propuesta del juez no supone una renuncia a la cuantía que este haya excluido de la cantidad reclamada y que el peticionario siempre puede reclamar su pago en un procedimiento declarativo. Además, según dicho órgano jurisdiccional, tal aceptación tampoco es obstáculo a que el deudor-consumidor pueda oponer, ante el requerimiento de pago, la abusividad de las cláusulas que sustentan la petición de proceso monitorio, pero que el juez no haya considerado abusivas en el control de oficio que ha efectuado.

12 No obstante, el órgano jurisdiccional remitente entiende que el hecho de que el control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, contemplado en el artículo 815, apartado 3, de la LEC, se acometa sin dar previamente audiencia al consumidor puede violar los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.

13 En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de A Coruña decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es conforme con el principio de efectividad, control de oficio del juez y doctrina jurisprudencial al respecto del TJUE, recogido en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva [93/13,] un precepto nacional (art. 815.3 de la [LEC]) que en el control de oficio del juez nacional sobre la abusividad de condiciones generales orilla la necesidad de audiencia previa del consumidor?»

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y petición de decisión prejudicial complementaria

14 Mediante escrito de 25 de febrero de 2026, la Secretaría del Tribunal de Justicia transmitió al órgano jurisdiccional remitente la sentencia de 27 de noviembre de 2025, Investcapital (C‑509/24, en lo sucesivo, «sentencia Investcapital», EU:C:2025:924), y lo instó a que le indicara si, en vista de dicha sentencia, deseaba mantener su petición de decisión prejudicial.

15 Mediante auto de 26 de marzo de 2026, recibido en el Tribunal de Justicia el 14 de abril siguiente, que se adjuntaba como adenda a la petición de decisión prejudicial inicial, el órgano jurisdiccional remitente informó al Tribunal de Justicia de que deseaba mantener dicha petición con nuevos argumentos.

16 Así, por una parte, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que la sentencia Investcapital da a entender que, con ocasión del control de oficio en el proceso monitorio, es posible que el juez concluya que la cláusula es abusiva y reduzca la cuantía reclamada con sustento en la aplicación de la cláusula abusiva y, sin embargo, no declare la nulidad de esta cláusula. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, la abusividad y la nulidad de una cláusula contractual son inescindibles. Por lo tanto, a su criterio, no puede admitirse que se determine que la cláusula es abusiva sin declarar al mismo tiempo su nulidad.

17 Por otra parte, en cuanto al respeto del principio de contradicción, dicho órgano jurisdiccional explica que, ciertamente, tanto en el procedimiento iniciado a raíz de la oposición al requerimiento de pago como en un proceso declarativo posterior, el consumidor puede alegar el carácter abusivo de las cláusulas en que se fundamenta la petición de proceso monitorio. Sin embargo, añade, en el procedimiento iniciado a raíz de la oposición al requerimiento de pago, el consumidor no puede manifestar, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, su voluntad de que no se excluya la cláusula considerada abusiva en el auto que propone un requerimiento de pago por un importe minorado.

18 En consecuencia, el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de A Coruña decidió mantener su petición de decisión prejudicial en los siguientes términos:

«1) A la luz de la [sentencia Investcapital,] ¿es conforme con lo dispuesto en [los artículos 6 y 7] de la Directiva [93/13] que cuando acometemos el control de oficio en el juicio monitorio, con amparo en el art. 815.3 [de la LEC], nos pronunciemos únicamente sobre la concurrencia de abusividad, pero sin declarar la nulidad de la cláusula?

2) ¿Es conforme con el principio de efectividad, control de oficio del juez y doctrina jurisprudencial al respecto del TJUE, recogido en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva [93/13,] un precepto nacional (art. 815 1 y 3 de la [LEC]) que en el control de oficio del juez nacional sobre la abusividad de condiciones generales orilla la necesidad de audiencia previa del consumidor y al tiempo no permite en la oposición al propio juicio monitorio, que se transforma en declarativo, según dispone el art. 818 [de la LEC], pronunciarse sobre la abusividad declarada sin su audiencia?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

19 En virtud del artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia.

20 A este respecto, procede recordar que la cooperación judicial establecida por el artículo 267 TFUE se basa en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. Por una parte, el Tribunal de Justicia no está facultado para aplicar las normas del Derecho de la Unión a un asunto determinado, sino tan solo para interpretar los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 201 y jurisprudencia citada). Por otra parte, de conformidad con el punto 11 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO C, C/2024/6008), corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales extraer en el litigio del que conozcan las consecuencias concretas de los elementos de interpretación proporcionados por el Tribunal de Justicia.

21 En el caso de autos, pese a las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia considera que la interpretación del Derecho de la Unión que solicita puede deducirse claramente de la sentencia Investcapital.

22 En consecuencia, procede aplicar el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento en el presente asunto.

Primera cuestión prejudicial

23 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz de la jurisprudencia derivada de la sentencia Investcapital, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando el juez, ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra un consumidor, acomete el control de oficio del carácter abusivo de una cláusula, está obligado a pronunciarse exclusivamente sobre las consecuencias pecuniarias que se derivan de la existencia de tal cláusula, sin poder declararla nula.

24 A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró en particular en la sentencia Investcapital:

«34 […] con arreglo al artículo 815, apartado 3, de la LEC, el letrado de la Administración de Justicia da cuenta al juez de una petición de proceso monitorio en relación con una deuda que se funde en un contrato entre un profesional y un consumidor, para que controle de oficio el posible carácter abusivo de cualquier cláusula contractual que constituya el fundamento de la petición o que determine la cantidad exigible. Si el juez estima que alguna de las cláusulas de que se trate puede ser calificada de abusiva, puede, mediante auto, plantear una propuesta para reducir el importe del crédito, excluyendo las cantidades resultantes de la aplicación de tal cláusula.

35 Según la información de que dispone el Tribunal de Justicia, las cláusulas contractuales abusivas que constituyan el fundamento de la petición de proceso monitorio o que determinen la cantidad exigible del crédito invocado no surtirán efecto alguno en el proceso monitorio, ya que serán descartadas por el juez incluso antes de que el consumidor sea requerido, en su caso, para pagar su deuda. Corresponde al profesional recurrir, eventualmente, a un procedimiento declarativo posterior para obtener el cobro íntegro de su crédito.

36 Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, es preciso señalar, a este respecto, que […], en este procedimiento declarativo, el juez que conozca del asunto podrá controlar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor y, en su caso, declarar nulas las cláusulas contractuales abusivas.

37 Además, […], ha de señalarse que […], de conformidad con el artículo 818 de la LEC, cuando un consumidor formula oposición al requerimiento de pago dentro del plazo establecido, el letrado de la Administración de Justicia da por terminado el proceso monitorio y este se sustituye por un procedimiento en el que tanto el consumidor como el profesional tienen derecho a ser oídos y el juez que conoce del asunto puede llevar a cabo, de oficio o a instancia del consumidor, un control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que puede dar lugar no solo a la exclusión del importe basado en una cláusula considerada abusiva, sino también a la declaración de nulidad de esta. Ahora bien, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar el contenido preciso de dicha disposición nacional.

38 Así pues, resulta, por una parte, que el artículo 815, apartado 3, de la LEC prevé un control de oficio, por parte del juez, del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, cuyos efectos se limitan al objeto preciso de la petición de proceso monitorio, de conformidad con la naturaleza y la finalidad de dicho proceso, ya que conduce a una posible reducción del importe del crédito reclamado, sin declaración de la nulidad de las cláusulas consideradas abusivas. Por otra parte, el procedimiento iniciado a raíz de la oposición al requerimiento de pago formulada por el consumidor con arreglo al artículo 818 de la LEC, así como el procedimiento declarativo que, en su caso, entable el profesional-demandante en virtud del artículo 815, apartado 3, de la LEC, pueden dar lugar a un control del carácter abusivo de la cláusula en cuestión, en el marco de un debate contradictorio entre las partes, y, en su caso, a una declaración de nulidad de dicha cláusula, o incluso del contrato, por el órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

39 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, […] los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece, por una parte, que el juez ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra un consumidor puede proponer una reducción del importe del crédito que excluya las cantidades derivadas de la aplicación de una cláusula contractual que el juez haya considerado abusiva, sin poder declarar su nulidad por este motivo, y, por otra parte, que dicho profesional, tras aceptar la citada propuesta, tiene la posibilidad de iniciar otro procedimiento judicial para reclamar al consumidor el importe del crédito excluido por ese juez, siempre que este consumidor pueda obtener, en otros procedimientos judiciales, la declaración de nulidad de la cláusula contractual considerada abusiva.»

25 De los apartados 34 a 39 de la sentencia Investcapital resulta con claridad que el Tribunal de Justicia ha considerado compatible con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 una propuesta de reducción del importe del crédito reclamado, realizada en un proceso monitorio, siempre que tal propuesta se realice tras un examen limitado exclusivamente al carácter abusivo de las cláusulas contractuales en que se fundamente dicho crédito.

26 En contra de las dudas que manifiesta el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia no afirmó, en la sentencia Investcapital, que el juez que conoce de la petición de proceso monitorio puede determinar que la cláusula contractual es abusiva sin declarar al mismo tiempo su nulidad. En efecto, de esa sentencia se deduce que, en el marco particular del Derecho nacional de que se trata, tales determinaciones y declaraciones deben realizarse en el procedimiento iniciado a raíz de la oposición al requerimiento de pago formulada por el consumidor o en el procedimiento declarativo que, en su caso, entable el profesional-demandante.

27 En estas circunstancias, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz de la jurisprudencia derivada de la sentencia Investcapital, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual el juez ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra un consumidor puede proponer una reducción del importe del crédito que excluya las cantidades derivadas de la aplicación de una cláusula contractual que el juez haya considerado eventualmente abusiva, sin poder declarar, en este estadio, su nulidad, siempre que este consumidor pueda obtener, en otros procedimientos judiciales, la declaración de nulidad de esa cláusula.

Segunda cuestión prejudicial

28 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, por una parte, no contempla la audiencia previa del consumidor en el examen de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales por el juez ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra ese consumidor y, por otra parte, no permite a dicho consumidor exponer su punto de vista sobre el mantenimiento de las cláusulas contractuales cuyo carácter eventualmente abusivo ha justificado la propuesta del juez de reducir el crédito reclamado.

29 A este respecto, por lo que se refiere a la falta de audiencia previa del consumidor en el control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales por el juez que conoce de una petición de proceso monitorio contra un consumidor, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia declaró, en particular, en la sentencia Investcapital:

«44 […] el hecho de que el artículo 815, apartado 3, de la LEC no prevea la participación del consumidor en el control del carácter abusivo de una cláusula contractual que pueda fundamentar la petición de proceso monitorio, sino que confiera al juez que conoce del asunto la facultad de proponer un requerimiento de pago por un importe del crédito invocado reducido en la cuantía derivada de la aplicación de una cláusula considerada abusiva, no afecta al derecho de defensa de los consumidores ni, en particular, al principio de contradicción.

45 A este respecto, por una parte, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, resulta que el auto dictado por el juez que conoce del asunto a raíz de la aceptación de esta propuesta por el profesional-peticionario ofrece a cada una de las partes el conocimiento y la posibilidad de debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para que se dicte dicho auto, sin producir el efecto vinculante de la fuerza de cosa juzgada ni otros efectos preclusivos. Por otra parte, el artículo 815, apartado 3, de la LEC se enmarca en un proceso monitorio de naturaleza sumaria, concebido como un instrumento de celeridad procesal destinado a garantizar el cobro rápido de los créditos vencidos, líquidos y exigibles. La participación del consumidor en el control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales sigue estando garantizada, ya que el Derecho procesal español parece establecer la posibilidad de que, en un procedimiento contradictorio posterior, el consumidor haga valer plenamente sus derechos y medios de defensa.

46 En efecto […], por un lado, el referido auto puede ser objeto de revisión en procedimientos ordinarios sobre el fondo que respetan plenamente el principio de contradicción entre las partes, ya que el consumidor tiene la posibilidad de oponerse a dicho auto de conformidad con las normas previstas en el artículo 818 de la LEC. Por otro lado, dado que, en virtud del artículo 815, apartado 3, de la LEC, la aceptación por el profesional-peticionario no puede entenderse en ningún caso como renuncia parcial a su pretensión, este puede reclamar la parte del crédito no satisfecha en un procedimiento declarativo en el que participa el consumidor y en el que se respeta plenamente el principio de contradicción.

47 Por consiguiente, […] los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que no contempla la participación del consumidor en el control, por el órgano jurisdiccional que conoce de una petición de proceso monitorio presentada por un profesional contra ese consumidor, del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales que constituyen el fundamento de dicha petición o que determinan el importe del crédito invocado, siempre que, por una parte, el proceso monitorio no dé lugar a una resolución con fuerza de cosa juzgada y, por otra parte, se garantice el principio de contradicción en posibles procedimientos posteriores que enfrenten a dicho consumidor y a ese profesional en relación con las mismas pretensiones formuladas por este último.»

30 Así pues, para determinar si la participación del consumidor en el control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales queda garantizada en el procedimiento iniciado a raíz de la oposición al requerimiento de pago formulada por el consumidor y en el procedimiento declarativo que, en su caso, entable el profesional-demandante tras la adopción del requerimiento de pago, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si el alcance de estos procedimientos permite garantizar una protección completa del consumidor.

31 Corresponderá concretamente al órgano jurisdiccional remitente comprobar si sigue habiendo dudas específicas en cuanto al respeto del principio de contradicción en el procedimiento iniciado a raíz de la oposición al requerimiento de pago, en particular en cuanto a la preservación de la posibilidad de que el consumidor se oponga a la exclusión de la cláusula contractual considerada abusiva.

32 Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, ha de responderse a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que no contempla la audiencia previa del consumidor en el control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales por el juez ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra ese consumidor, en su caso para que este pueda oponerse a que dicho juez excluya la cláusula contractual considerada potencialmente abusiva que justifica así una reducción del crédito reclamado, siempre que, por una parte, el proceso monitorio no dé lugar a una resolución con fuerza de cosa juzgada y, por otra parte, se garantice el respeto del principio de contradicción en posibles procedimientos posteriores que enfrenten a dicho consumidor y a ese profesional en relación con las mismas pretensiones formuladas por este último.

Costas

33 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.