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62024TJ0501

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 9 de septiembre de 2026 (*)

En el asunto T‑501/24,

Cluster Calzado Innovación, con domicilio en Elda (Alicante), representada por la Sra. V. Bolumar Cañigral, abogada,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada por los Sres. B. A. Araujo Arce, S. Romoli y S. Silvestre Delgado, en calidad de agentes,

parte demandada,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Sampol Pucurull, Presidente, y los Sres. J. Laitenberger (Ponente) y W. Valasidis, Jueces;

Secretario: Sr. G. Mitrev, administrador;

visto el auto de 12 de febrero de 2025, Cluster Calzado Innovación/Comisión (T‑501/24 R, no publicado, EU:T:2025:154);

habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:

– la excepción de inadmisibilidad formulada por la Comisión mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 22 de noviembre de 2024;

– la decisión de 13 de marzo de 2025 por la que se unió la excepción al fondo del asunto;

habiendo considerado la proposición de prueba de la demandante, presentada en la Secretaría del Tribunal General el 16 de febrero de 2026;

celebrada la vista el 26 de febrero de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso, basado en los artículos 263 TFUE y 272 TFUE, la demandante, Cluster Calzado Innovación, solicita, en esencia, la anulación de la carta de la Comisión Europea Ares(2024) 5340931, de 23 de julio de 2024, mediante la cual esta le solicitó la devolución de la cantidad de 88 559,03 euros en concepto de contribución no justificada abonada en el marco del acuerdo de subvención relativo al proyecto Sohealthy, financiado con cargo al Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013), así como el pago de la cantidad de 8 855,90 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por irregularidades en la ejecución de dicho proyecto (en lo sucesivo, «acto impugnado»).

Antecedentes del litigio

2 La demandante es una asociación sin ánimo de lucro española.

3 Entre 2013 y 2015, la demandante ejecutó el proyecto de investigación Sohealthy, financiado por la Comisión en el marco del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013), tras haber firmado, el 2 de julio de 2013, el acuerdo de subvención n.º 609575 (en lo sucesivo, «acuerdo de subvención»).

4 El artículo 4, párrafo segundo, del acuerdo de subvención establece que «todos los informes y entregables que, en su caso, se exijan con arreglo al presente acuerdo de subvención se redactarán en inglés».

5 El artículo 9, párrafo primero, del acuerdo de subvención dispone:

«La contribución financiera de la Unión es una contribución con cargo al presupuesto de investigación de la Unión con el objetivo de llevar a cabo el [Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013)], que corresponde a la Comisión ejecutar. En consecuencia, el presente acuerdo de subvención se regirá por los términos del mismo, los actos de la Comunidad Europea y de la Unión Europea relativos al [Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013)], el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión y sus normas de aplicación y demás legislación de la Comunidad Europea y de la Unión Europea y, subsidiariamente, el Derecho belga.»

6 El artículo 9, párrafo tercero, del acuerdo de subvención establece que, «sin perjuicio del derecho de la Comisión a adoptar directamente las decisiones de recuperación mencionadas en el párrafo anterior, el Tribunal General o, en caso de recurso de casación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán los únicos competentes para conocer de cualquier litigio entre la Unión y el beneficiario acerca de la interpretación, aplicación o validez del presente acuerdo de subvención y de la validez de la decisión mencionada en el párrafo segundo».

7 El artículo II.22, apartado 1, de las condiciones generales del acuerdo de subvención tiene el siguiente tenor:

«La Comisión podrá, en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y en los cinco años siguientes a su finalización, ordenar la realización de auditorías financieras por auditores externos o por los propios servicios de la Comisión, incluida la [Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)]. Se considerará que el procedimiento de auditoría se ha iniciado en la fecha de recepción de la carta correspondiente enviada por la Comisión. Dichas auditorías podrán versar sobre aspectos financieros y sistémicos, así como sobre otros aspectos (como los principios contables y de gestión) relacionados con la correcta ejecución del acuerdo de subvención. Estas auditorías se llevarán a cabo de forma confidencial.»

8 El artículo II.22, apartado 8, de las condiciones generales del acuerdo de subvención dispone:

«Además, la Comisión podrá efectuar verificaciones e inspecciones in situ de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades [DO 1996, L 292, p. 2,] con el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF [DO 1999, L 136, p. 1, y con el] Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF [DO 1999, L 136, p. 8].»

9 El 22 de mayo de 2020, un denunciante anónimo alertó a la OLAF de posibles irregularidades cometidas por la demandante en la ejecución de las subvenciones concedidas por la Unión.

10 El 29 de julio de 2020, la OLAF decidió iniciar una investigación, con la referencia OC/2020/0471/A2, en relación con diversos proyectos y, en particular, con el proyecto objeto del acuerdo de subvención controvertido. Durante la investigación, la OLAF consideró que la demandante era una persona implicada en el sentido del artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1).

11 El 2 de febrero de 2023, la OLAF remitió su informe final de investigación (en lo sucesivo, «informe de la OLAF») a la Comisión.

12 Según las conclusiones del informe de la OLAF, la demandante infló artificialmente los costes soportados en la ejecución del acuerdo de subvención para poder obtener de la Comisión mayores reembolsos.

13 Tras varios intercambios que tuvieron lugar entre la demandante y la Comisión a partir del 25 de julio de 2023, esta última remitió a la demandante, el 23 de julio de 2024, el acto impugnado, acompañado de la nota de adeudo n.º 3242410122. En dicho acto, la Comisión indicó que, a la vista de las conclusiones de la OLAF, estaba justificado rechazar todos los costes directos y los costes indirectos conexos declarados en relación con el proyecto Sohealthy. Así pues, la Comisión instó a la demandante a pagar un importe total de 97 414,93 euros, compuesto, por una parte, por la devolución de la cantidad de 88 559,03 euros en concepto de contribución no justificada en el marco del proyecto en cuestión y, por otra parte, por la cantidad de 8 855,90 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios, que debía abonarse a más tardar el 6 de septiembre de 2024.

Pretensiones de las partes

14 La demandante solicita al Tribunal General que:

– Con carácter principal, anule el acto impugnado por haber transcurrido el plazo legal de prescripción de cualquier irregularidad cometida en el seno del proyecto Sohealthy, de cuatro años, en virtud del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1).

– Con carácter subsidiario, anule el acto impugnado por haber transcurrido el plazo legal de prescripción de cualquier irregularidad cometida en el seno del proyecto Sohealthy, de cinco años, en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), aplicable ratione temporis al proyecto Sohealthy.

– Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el acto impugnado y ordene el inicio de un nuevo procedimiento donde se garanticen sus derechos lingüísticos y, en consecuencia, ordene que se le entregue una copia en español de todas y cada una de las comunicaciones, decisiones, resoluciones e informes, de la OLAF inclusive, para poder defenderse válidamente en el procedimiento contradictorio.

15 En la excepción de inadmisibilidad, la Comisión solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso y que se condene en costas a la demandante.

16 En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante solicita al Tribunal General que declare admisible el recurso, ordene la continuación del procedimiento y, en su virtud, tenga por recalificada parcialmente la demanda, teniéndola por interpuesta, con carácter principal, sobre la base del artículo 272 TFUE y, con carácter subsidiario, sobre la base del artículo 263 TFUE, declarando la inexistencia del crédito reclamado por la Comisión mediante el acto impugnado, que debería ser anulado.

17 La Comisión solicita al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Condene a la demandante en costas.

Fundamentos de Derecho

Sobre la base jurídica y la admisibilidad del recurso

18 La Comisión sostiene que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto por la demandante.

19 En primer lugar, afirma que el acto impugnado no es un acto impugnable con arreglo al artículo 263 TFUE. Según la Comisión, este acto consiste únicamente en una confirmación de las conclusiones expresadas en la carta de información previa y los intercambios posteriores, y en una solicitud de pago.

20 En segundo lugar, sostiene que el acto impugnado no es una decisión administrativa en el sentido del Reglamento n.º 2988/95. Según la Comisión, el mero hecho de que el proyecto controvertido fuera objeto de una investigación de la OLAF, y no de una auditoría financiera sobre la base del acuerdo de subvención, no implica que toda medida adoptada como consecuencia de tal investigación deba calificarse de medida adoptada en virtud de dicho Reglamento.

21 En tercer lugar, la Comisión añade que el recurso no puede recalificarse como recurso contractual sobre la base del artículo 272 TFUE, puesto que, a su juicio, la demandante se opone a ello y todos sus motivos se basan en supuestas violaciones de normas y principios de Derecho público.

22 En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, la demandante indica que el recurso es admisible y que recalifica parcialmente dicho recurso. Señala que, con carácter principal, invoca motivos de naturaleza contractual sobre la base del artículo 272 TFUE y, con carácter subsidiario, motivos de Derecho público sobre la base del artículo 263 TFUE. Subraya que no calificó su recurso en el marco de la demanda.

23 Con carácter preliminar, es preciso recordar que corresponde a la parte demandante elegir el fundamento jurídico de su recurso y no al propio juez de la Unión escoger la base jurídica más adecuada (véanse la sentencia de 15 de marzo de 2005, España/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, apartado 35 y jurisprudencia citada, y el auto de 12 de octubre de 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, T‑353/10, EU:T:2011:589, apartado 18 y jurisprudencia citada).

24 A continuación, procede señalar que esta elección se hace en el marco y en el momento de la presentación de la demanda. Por consiguiente, las alegaciones de la demandante según las cuales, en sus intercambios con la Comisión antes de la presentación de la demanda, indicó que consideraba que la solicitud de devolución de esta había prescrito en virtud del acuerdo de subvención son inoperantes para la calificación del presente recurso.

25 En el caso de autos, la demandante no ha mencionado, en el marco de la demanda, ni el artículo 263 TFUE, ni el artículo 272 TFUE, ni ninguna otra base jurídica en la que se haya sustentado para interponer el presente recurso.

26 Si bien es cierto que, en sus pretensiones, la demandante solicita la anulación del acto impugnado, que califica de «decisión impugnada», no lo es menos que de los autos se desprende que el acto impugnado se inscribe en el contexto del acuerdo de subvención, en la medida en que tiene por objeto el cobro de un crédito que tiene su fundamento en las estipulaciones de dicho acuerdo, y es indisociable de este acuerdo.

27 A este respecto, procede recordar que de la jurisprudencia se desprende que una nota de adeudo o un requerimiento de pago, que tienen por objeto el cobro de un crédito sobre la base del acuerdo de subvención de que se trate y que incluyen la indicación de una fecha de vencimiento y las condiciones de pago del crédito cuya existencia constatan, no producen efectos jurídicos que tengan su origen en el ejercicio de prerrogativas de poder público, sino que, por el contrario, deben considerarse indisociables de las relaciones contractuales existentes entre la parte demandante y la institución, órgano u organismo de la Unión en cuestión [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑108/18, EU:T:2021:104, apartados 51 y 52 (no publicados)].

28 En el caso de autos, en primer lugar, la Comisión indicó expresamente en el acto impugnado que la relación entre las partes se inscribía en un contexto de naturaleza contractual, que, en consecuencia, las estipulaciones contractuales eran aplicables, que las irregularidades constatadas eran de naturaleza contractual y que tenía la intención de adoptar medidas sobre la base de las disposiciones del acuerdo de subvención, a saber, rechazar determinados costes declarados por la demandante, recuperarlos y percibir una indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con los artículos II.14, II.22, apartado 6, y II.24, apartado 1, de las condiciones generales del acuerdo de subvención.

29 En segundo lugar, por esta misma razón, la Comisión también rechazó expresamente, en el acto impugnado, la alegación de la demandante basada en la infracción del Reglamento n.º 2988/95, debido a que dicho Reglamento hacía referencia a sanciones e infracciones administrativas.

30 En tercer lugar, la Comisión adjuntó al acto impugnado una nota de adeudo cuyo objeto era la recuperación de los costes no subvencionables y de los daños y perjuicios y que incluía la fecha de vencimiento y las condiciones de pago del crédito.

31 En cuarto lugar, la Comisión se limitó a instar a la demandante a pagar la cantidad de 97 414,93 euros y a informarla de que, de no efectuarse el pago, procedería a recuperar dicha cantidad.

32 En quinto lugar, la Comisión informó a la demandante, en el acto impugnado, de la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal General con arreglo al artículo 272 TFUE en caso de desacuerdo con el acto impugnado.

33 En sexto lugar, ningún elemento obrante en los autos permite concluir que la Comisión haya actuado haciendo uso de sus prerrogativas de poder público.

34 Contrariamente a lo que da a entender la demandante, la conclusión de que el acto impugnado se inscribe en el contexto del acuerdo de subvención y de que es indisociable de este no queda desvirtuada por el hecho de que el proyecto regulado por el acuerdo de subvención haya sido objeto de una investigación de la OLAF y no de una auditoría financiera en virtud del acuerdo de subvención, hecho que la Comisión no discute.

35 En efecto, según la jurisprudencia, las conclusiones del informe de la OLAF no dan lugar automáticamente a la incoación de procedimientos judiciales o disciplinarios, puesto que las autoridades competentes, a las que se transmite el informe de una investigación externa o interna, son libres de determinar el curso que, en su caso, haya de darse al informe final (véase, en este sentido, el auto de 12 de mayo de 2020, Dragnea/Comisión, T‑738/18, no publicado, EU:T:2020:208, apartado 41 y jurisprudencia citada).

36 El artículo 2, apartado 1, de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la OLAF (DO 1999, L 136, p. 20), confiere a esta una amplia competencia que abarca todos los supuestos en los que estén en juego los intereses financieros de la Unión, incluidos los casos de fraude relativos a participaciones financieras de esta. Esta competencia no se limita a las irregularidades que puedan dar lugar a la adopción de las medidas y sanciones administrativas objeto del Reglamento n.º 2988/95.

37 La mera referencia al Reglamento n.º 2988/95 en el Reglamento n.º 883/2013, que regía la investigación llevada a cabo por la OLAF en el caso de autos, en las Decisiones n.º 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) (DO 2006, L 412, p. 1), y 2006/969/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de acciones de investigación y formación en materia nuclear (2007 a 2011) (DO 2006, L 391, p. 19), no significa que, en el asunto de autos, la Comisión adoptara medidas o sanciones administrativas con arreglo al Reglamento n.º 2988/95 ni que tales medidas o sanciones constituyan el objeto del presente litigio (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2016, Comisión/Thales développement et coopération, T‑326/13, no publicada, EU:T:2016:403, apartado 58).

38 En estas circunstancias, el acto impugnado no puede ser objeto de un recurso de anulación sobre la base del artículo 263 TFUE, habida cuenta de que no es separable del proceso contractual y de que, según la jurisprudencia, los actos adoptados por las instituciones que se incluyen en un marco puramente contractual del que son indisociables no figuran, por su propia naturaleza, entre los actos cuya anulación puede ser solicitada en virtud del artículo 263 TFUE (véase la sentencia de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión, T‑29/11, EU:T:2014:912, apartado 29 y jurisprudencia citada).

39 Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones de anulación formuladas por la demandante sobre la base del artículo 263 TFUE, de conformidad con la excepción de inadmisibilidad planteada en este sentido por la Comisión.

40 A continuación, procede recordar que, ante un litigio de naturaleza contractual, un recurso que parezca haber sido interpuesto por la vía del artículo 263 TFUE o que la parte demandante base erróneamente en esta disposición puede ser recalificado como recurso fundado en el artículo 272 TFUE cuando en el contrato de que se trate exista una cláusula compromisoria, como la que figura, en el caso de autos, en el artículo 9 del acuerdo de subvención (véase, en este sentido, el auto de 20 de abril de 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Comisión, T‑819/14, EU:T:2016:256, apartado 30 y jurisprudencia citada).

41 La recalificación del recurso es posible en la medida en que la voluntad expresa de la parte demandante no se oponga a ello y en que al menos un motivo basado en la violación de las normas que regulan la relación contractual de que se trate se invoque en la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Estos dos requisitos son cumulativos (sentencia de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión, T‑29/11, EU:T:2014:912, apartado 44).

42 En el caso de autos, por una parte, en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, la demandante solicita expresamente la recalificación parcial del presente recurso como recurso interpuesto, con carácter principal, sobre la base del artículo 272 TFUE y, con carácter subsidiario, sobre la base del artículo 263 TFUE. Asimismo, en la vista, la demandante solicitó que la demanda se tramitara, con carácter principal, sobre la base del artículo 272 TFUE y, con carácter subsidiario, sobre la base del artículo 263 TFUE.

43 Por otra parte, la demandante invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso.

44 En el contexto de los tres primeros motivos, la demandante alega, en esencia, que el acto impugnado es ilegal dado que la solicitud de devolución de la Comisión ha prescrito. A este respecto, procede señalar que la cuestión de la prescripción puede plantearse tanto en el contencioso administrativo como en el contractual.

45 El cuarto motivo, invocado con carácter subsidiario, se basa en la vulneración del derecho fundamental a dirigirse a la Comisión en una de las lenguas de los Tratados y a recibir una contestación en esa misma lengua, tal como se desprende del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en relación con los artículos 51 y 52 de la misma Carta, así como del derecho a una buena administración y del derecho de defensa. La demandante alega asimismo que la Comisión interpretó erróneamente el artículo 4 del acuerdo de subvención, según el cual todos los informes y entregables que, en su caso, se exijan con arreglo a dicho acuerdo se redactarán en inglés.

46 A este respecto, procede recordar que si las partes deciden, en su contrato, mediante una cláusula compromisoria, atribuir al juez de la Unión la competencia para resolver cualquier controversia en relación con ese contrato, el juez de la Unión será competente, independientemente de la ley aplicable estipulada en el contrato, para examinar las eventuales vulneraciones de la Carta y de los principios generales del Derecho de la Unión (sentencias de 16 de julio de 2020, Inclusion Alliance for Europe/Comisión, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, apartado 81, y de 3 de julio de 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, apartado 45).

47 Además, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, cuando las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión ejecutan un contrato, siguen estando sujetos a las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta y de los principios generales del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el hecho de que el Derecho aplicable al contrato en cuestión no reconozca las mismas garantías que las conferidas por la Carta y los principios generales del Derecho de la Unión no exime a las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión de garantizar su respeto frente a aquellos con quienes contratan (sentencias de 16 de julio de 2020, ADR Center/Comisión, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, apartado 86, y de 3 de julio de 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, apartado 44).

48 Así pues, al invocar, en apoyo de sus pretensiones basadas en el artículo 272 TFUE, la violación de principios garantizados por la Carta y de principios generales del Derecho de la Unión, la demandante invoca efectivamente normas que una institución, un órgano o un organismo de la Unión están obligados a respetar en un marco contractual.

49 Además, la demandante alega una infracción del artículo 4 del acuerdo de subvención.

50 En estas circunstancias, procede, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 40 y 41 anteriores, calificar el presente recurso de recurso basado en el artículo 272 TFUE.

Sobre el fondo

51 La demandante invoca cuatro motivos.

52 El primer motivo se basa, en esencia, en la prescripción del crédito constatado en el acto impugnado con arreglo al Reglamento n.º 2988/95.

53 El segundo motivo se basa, en esencia, en la prescripción del crédito constatado en el acto impugnado con arreglo al Reglamento Financiero.

54 El tercer motivo se basa, en esencia, en la violación del principio de proporcionalidad en lo que respecta al plazo de prescripción previsto por el Derecho belga.

55 El cuarto motivo se basa en la infracción del artículo 4 del acuerdo de subvención y del artículo 41, apartado 4, de la Carta.

Primer motivo, basado en la prescripción del crédito constatado en el acto impugnado con arreglo al Reglamento n.º 2988/95

56 La demandante alega que la solicitud de pago que figura en el acto impugnado ha prescrito con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95, según el cual el plazo de prescripción es de cuatro años a partir de la realización de la irregularidad o, en caso de irregularidades continuas o reiteradas, a partir del día en que se hubiera puesto fin a la irregularidad. En opinión de la demandante, el plazo de prescripción comenzó a correr a más tardar en el momento de finalización del proyecto, a saber, el 31 de agosto de 2015, y no se interrumpió. Aduce la demandante que la Comisión no ha demostrado, en particular, que la OLAF notificase a la demandante la apertura de la investigación en julio de 2020 o la informara de las inspecciones in situ efectuadas en la sede social de la coordinadora del proyecto en cuestión. El requerimiento dirigido por la Agencia Valenciana Antifraude a la coordinadora del proyecto Sohealthy no puede interrumpir, según la demandante, el plazo de prescripción para la instrucción de las irregularidades que pudiera haber cometido, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95.

57 De ello se desprende, según la demandante, que cualquier acción de la Comisión para sancionar o solicitar una indemnización de daños y perjuicios por la comisión de posibles irregularidades con respecto al proyecto controvertido está prescrita desde el 31 de agosto de 2019.

58 La demandante alega que el Reglamento n.º 2988/95 es aplicable al caso de autos de conformidad con el artículo 9 del acuerdo de subvención, según el cual, en lo no regulado en dicho acuerdo, serán de aplicación los «actos de la Comunidad Europea y de la Unión Europea relativos al [Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013)]». Añade que las Decisiones n.º 1982/2006 y 2006/969 establecen expresamente, a efectos de recuperar fondos, la aplicación del Reglamento n.º 2988/95, incluso en caso de incumplimiento de una obligación contractual.

59 La demandante sostiene que el proyecto regulado por el acuerdo de subvención fue objeto de una investigación de la OLAF y no de una auditoría financiera. Así pues, el acto impugnado no se deriva, según la demandante, del ejercicio de una facultad reconocida contractualmente.

60 La Comisión rebate estas alegaciones.

61 Por lo que respecta a si el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95 es aplicable al presente asunto, procede recordar que el artículo 1 de dicho Reglamento define su ámbito de aplicación en los siguientes términos:

«1. Con el fin de asegurar la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se adopta una normativa general relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades respecto del Derecho comunitario.

2. Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por estas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.»

62 Los artículos 4 y 5 del Reglamento n.º 2988/95 precisan el contenido de las medidas y sanciones administrativas. Por lo que respecta, en particular, a las medidas administrativas, del artículo 4 de dicho Reglamento se desprende que estas tienen por objeto la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, sin tener, no obstante, el carácter de sanción.

63 De los artículos 1, 4 y 5 del Reglamento n.º 2988/95 se desprende que dicho Reglamento y las normas de prescripción que establece se aplican únicamente a las diligencias contra las irregularidades que hayan dado lugar a la adopción de las medidas y sanciones administrativas objeto del mismo Reglamento (véase la sentencia de 12 de julio de 2016, Comisión/Thales développement et coopération, T‑326/13, no publicada, EU:T:2016:403, apartado 52 y jurisprudencia citada).

64 Pues bien, el objeto del presente litigio no se refiere a una medida o sanción administrativa adoptada por la Comisión sobre la base del Reglamento n.º 2988/95. Como se ha señalado en los apartados 28 y siguientes de la presente sentencia, la Comisión simplemente instó a la demandante, de conformidad con las disposiciones contenidas en el acuerdo de subvención, a pagar la cantidad de 97 414,93 euros e informó a esta de que, de no efectuarse el pago, procedería a recuperar dicha cantidad, por ejemplo, por vía de compensación o mediante la ejecución forzosa del pago. Por otra parte, una acción inicial de la OLAF en el marco de la protección de los intereses financieros de la Unión no implica que el uso de sus constataciones se limite únicamente a la adopción de medidas o sanciones administrativas sobre la base del Reglamento n.º 2988/95. Las constataciones efectuadas por la OLAF pueden utilizarse para extraer las consecuencias que correspondan en virtud de otras disposiciones reglamentarias o contractuales, dentro de los límites previstos por dichas disposiciones.

65 Por consiguiente, la regla de prescripción prevista en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95 no es aplicable en el presente asunto.

66 Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la demandante.

67 En primer lugar, las alegaciones de la demandante basadas en el hecho de que la investigación de la OLAF no constituía una auditoría financiera en virtud del acuerdo de subvención deben desestimarse por las mismas razones expuestas en los apartados 35 a 37 anteriores.

68 En segundo lugar, las alegaciones de la demandante basadas en la referencia al Reglamento n.º 2988/95 que figura en las Decisiones 2006/969 y n.º 1982/2006 deben desestimarse por los motivos expuestos en el anterior apartado 37.

69 En tercer lugar, la alegación de la demandante basada en las diferencias entre las medidas y las sanciones administrativas en el sentido del Reglamento n.º 2988/95 no es pertinente, puesto que, en el caso de autos, no se ha adoptado ninguna medida ni sanción administrativa en el sentido de dicho Reglamento.

70 En cuarto lugar, procede señalar que las alegaciones relativas al primer motivo formuladas en la réplica, en su conjunto, no desvirtúan la conclusión de que el artículo 3 del Reglamento n.º 2988/95 no es aplicable en el caso de autos.

71 Primero, la alegación de la demandante de que el Reglamento n.º 2988/95 es aplicable, como lex specialis, en lugar del Reglamento Financiero carece de fundamento. En efecto, el Reglamento n.º 2988/95 no impone a la Comisión ninguna obligación de adoptar una medida o sanción administrativa en lugar de actuar por vía contractual.

72 Segundo, contrariamente a lo que alega la demandante, la referencia al Reglamento n.º 2988/95 efectuada en las Decisiones 2006/969 y n.º 1982/2006 no queda privada de todo contenido. En efecto, el hecho de que la Comisión haya optado por actuar, en el caso de autos, por vía contractual no excluye en modo alguno que, en otros casos, pueda adoptar medidas y sanciones administrativas de conformidad con el Reglamento n.º 2988/95.

73 Tercero, tampoco puede prosperar la alegación de la demandante según la cual el hecho de dejar a la Comisión la elección de actuar por vía contractual o de adoptar medidas en virtud del Reglamento n.º 2988/95 vulnera el principio de seguridad jurídica, el principio de buena fe contractual y el principio de igualdad entre las partes del contrato. En efecto, la posibilidad de que la Comisión adopte medidas sobre la base de las disposiciones del acuerdo de subvención, en particular la de rechazar determinados costes declarados por la demandante, recuperarlos y percibir una indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con los artículos II.14, II.22, apartado 6, y II.24, apartado 1, de las condiciones generales del acuerdo de subvención, está claramente prevista en dicho acuerdo.

74 Cuarto, la referencia de la demandante a la sentencia de 8 de mayo de 2024, Finanzprokuratur (C‑734/22, EU:C:2024:395), apartados 21 a 26, no es pertinente en el presente caso. En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia se planteaba la cuestión de si el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 2988/95 debía interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción de cuatro años que establece era directamente aplicable a una solicitud de devolución de ayudas cofinanciadas por la Unión, que se regía por disposiciones de Derecho civil de un Estado miembro. En cambio, en el caso de autos, la Comisión no aplicó instrumentos previstos en disposiciones de Derecho privado de un Estado miembro para proteger los intereses financieros de la Unión, sino que actuó sobre la base de las disposiciones contractuales en respuesta a un incumplimiento contractual.

75 Quinto y último, la conclusión hasta aquí expuesta tampoco constituye una elusión del régimen de auditorías financieras del acuerdo de subvención, previsto en el artículo II.22, apartado 1, de las condiciones generales del acuerdo de subvención, ya que el artículo II.22, apartado 8, de dichas condiciones contempla la posibilidad de que la OLAF lleve a cabo verificaciones con independencia de las mencionadas auditorías financieras.

76 De todo lo anterior se desprende que procede desestimar el primer motivo.

Segundo motivo, basado en la prescripción del crédito constatado en el acto impugnado con arreglo al Reglamento Financiero

77 Mediante el segundo motivo, formulado con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal General desestime el primer motivo, la demandante alega que la Comisión adoptó el acto impugnado fuera de plazo, incluso en el supuesto de que el Reglamento Financiero fuera aplicable. La demandante señala que, contrariamente a lo que indica la Comisión en el acto impugnado, dicho Reglamento establece un plazo de prescripción de cinco años.

78 La demandante sostiene que la aplicación de las normas según las cuales los plazos previstos por el Reglamento Financiero comienzan a correr a partir de la fecha en que vence el plazo comunicada al deudor en la nota de adeudo llevaría a un resultado contrario al principio de seguridad jurídica, en la medida en que permitiría a la Comisión retrasar indefinidamente el inicio de dichos plazos absteniéndose de comunicar tal fecha.

79 Así, la demandante entiende que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ante el silencio de los textos aplicables sobre el plazo de comunicación de una nota de adeudo al deudor, se aplica un plazo razonable que, en principio, no debería exceder de cinco años.

80 A juicio de la demandante, este plazo de cinco años también es aplicable en el caso de autos, habida cuenta de que la Comisión no actuó durante siete años, no actuó con diligencia y, en particular, no llevó a cabo una auditoría financiera dentro del plazo previsto en el acuerdo de subvención. En su opinión, dado que dicho plazo comenzó a correr, a más tardar, en el momento de finalización del proyecto controvertido, la pretensión de devolución y de indemnización de daños y perjuicios de la Comisión se encuentra prescrita desde el 31 de agosto de 2020.

81 En la réplica, la demandante sostiene que la Comisión podría haber dispuesto de la información necesaria para advertir la existencia de irregularidades, a más tardar, a partir de la finalización del proyecto de que se trata.

82 La Comisión rebate estas alegaciones.

83 De entrada, procede señalar que, conforme a su artículo 214, el Reglamento Financiero es aplicable ratione temporis al proyecto Sohealthy, cuyo acuerdo de subvención se firmó el 9 de agosto de 2013.

84 Según el artículo 81, apartado 1, del Reglamento Financiero, los derechos de la Unión exigibles ante terceros y los exigibles por estos ante la Unión estarán sujetos a un plazo de prescripción de cinco años. Según el artículo 81, apartado 2, del mismo Reglamento, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 210 de dicho Reglamento sobre normas detalladas relativas al plazo de prescripción.

85 El artículo 93, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento Financiero (DO 2012, L 362, p. 1), dispone que el plazo de prescripción de los títulos de crédito de la Unión exigibles ante terceros empezará a contar a partir del día en que venza el plazo comunicado al deudor en la nota de adeudo como se especifica en el artículo 80, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento Delegado.

86 En el caso de autos, la Comisión comunicó a la demandante el 23 de julio de 2024, en la nota de adeudo n.º 3242410122, el plazo del 6 de septiembre de 2024. Así pues, el plazo de cinco años previsto en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento Financiero comenzó a correr a partir de esta última fecha, de conformidad con el artículo 93, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Delegado n.º 1268/2012.

87 Por otra parte, ninguna disposición del Reglamento Financiero ni del Reglamento Delegado n.º 1268/2012 fija un plazo dentro del cual debe comunicarse al deudor una nota de adeudo (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, apartado 95, y de 13 de mayo de 2020, Talanton/Comisión, T‑195/18, no publicada, EU:T:2020:194, apartado 66).

88 Es cierto que el principio de seguridad jurídica exige, ante el silencio de los textos aplicables, que la institución de que se trate proceda a la comunicación de una nota de adeudo en un plazo razonable. En efecto, de no ser así, el ordenador, a quien corresponde determinar, en la nota de adeudo, el plazo de pago que, según el propio tenor del Reglamento Delegado n.º 1268/2012, constituye la fecha a partir de la cual empieza a correr el plazo de prescripción, podría fijar libremente esta fecha sin que existiera un vínculo con el momento en que se ha generado el derecho en cuestión, lo que, manifiestamente, iría en contra del principio de seguridad jurídica y de la finalidad de las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2014, Nencini/Parlamento, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, apartado 48).

89 El carácter razonable de un plazo debe apreciarse en función de todas las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la mayor o menor trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y de las diferentes etapas del procedimiento seguido por la institución de la Unión, así como del comportamiento de las partes durante el procedimiento (véase la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, apartado 99 y jurisprudencia citada).

90 El plazo de comunicación de una nota de adeudo debe considerarse poco razonable cuando dicha comunicación tiene lugar después de un período de cinco años desde el momento en que la institución puede normalmente invocar su derecho. Solo puede enervarse tal presunción si la institución interesada demuestra que, a pesar de la diligencia con la que ha actuado, el retraso en actuar es consecuencia del comportamiento del deudor, en particular de sus maniobras dilatorias o de su mala fe. Por tanto, a falta de tal prueba debe afirmarse que la institución ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio del plazo razonable (sentencia de 13 de noviembre de 2014, Nencini/Parlamento, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, apartado 49).

91 En el caso de autos, las partes discrepan sobre el momento a partir del cual la Comisión pudo hacer valer su crédito y, por consiguiente, dicho plazo razonable comenzó a correr.

92 Según reiterada jurisprudencia, en los casos en los que el hecho generador de un crédito de la Unión ha sido detectado y determinado en una investigación de la OLAF, la institución interesada está normalmente en condiciones de hacer valer su crédito a partir de la recepción del informe de la OLAF (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, apartado 107, y de 11 de septiembre de 2024, CQ/Tribunal de Cuentas, T‑386/19, EU:T:2024:613, apartados 137, 156 y 157).

93 En el caso de autos, la OLAF remitió su informe a la Comisión el 2 de febrero de 2023 (véase el anterior apartado 11). El acto impugnado y la nota de adeudo n.º 3242410122 fueron comunicados a la demandante el 23 de julio de 2024. La demandante no formula ninguna alegación que pueda demostrar que el plazo entre estos dos acontecimientos no es razonable.

94 En cambio, alega que la Comisión podía hacer valer su crédito antes de recibir el informe de la OLAF, puesto que habría podido proceder por sí misma a verificar la realidad y la adecuación de los costes declarados o realizar una auditoría financiera en el plazo de cinco años previsto en el acuerdo de subvención.

95 Estas alegaciones no pueden prosperar.

96 En primer lugar, la Comisión no disponía, en el momento de la finalización del proyecto controvertido, de toda la información necesaria para poder hacer valer su crédito. Como alega la Comisión, sin que haya sido rebatida de manera circunstanciada por la demandante, la OLAF realizó una inspección in situ en la sede de la coordinadora del proyecto en cuestión, a raíz de una denuncia, procediendo a una operación forense digital del 17 al 20 de mayo de 2022 y obtuvo así información relevante, en relación no solo con los proyectos financiados por la Unión, incluido el controvertido, sino también con proyectos nacionales y regionales a los que la Comisión no había tenido acceso. Solo comparando las horas de trabajo declaradas en el marco de esos proyectos pudo la OLAF detectar que dichas horas se habían declarado dos veces.

97 En segundo lugar, es cierto que la Comisión disponía, de conformidad con el artículo II.22, apartado 1, de las condiciones generales del acuerdo de subvención, de un derecho contractual para llevar a cabo una auditoría financiera. Sin embargo, la demandante no puede invocar el hecho de que la Comisión no haya hecho uso de esa facultad para limitar el derecho de dicha institución a adoptar medidas contractuales para recuperar cantidades indebidamente pagadas y percibir una indemnización de daños y perjuicios.

98 En efecto, del acuerdo de subvención no se desprende en modo alguno que el ejercicio del derecho de recuperación de un crédito o que la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios con arreglo a dicho acuerdo estén supeditados a la realización previa de una auditoría. En realidad, la argumentación de la demandante equivale a transformar la facultad de llevar a cabo una auditoría financiera prevista en el acuerdo de subvención en una obligación cuyo incumplimiento implicaría una pérdida de derechos para la Comisión, y ello incluso a falta de indicios de irregularidad.

99 En efecto, en respuesta a varias preguntas formuladas por el Tribunal General a este respecto en la vista oral, la demandante y la Comisión indicaron que, antes de la intervención del denunciante anónimo que dio lugar a la investigación de la OLAF, ni la Comisión ni la OLAF tenían indicios de una irregularidad cometida durante la ejecución del proyecto en cuestión. En estas circunstancias, mediante la alegación de que ni la Comisión ni la OLAF actuaron con la diligencia debida la demandante no hace sino afirmar que deberían haber llevado a cabo una auditoría de oficio.

100 En tercer lugar, de estimarse la alegación de la demandante, ello llevaría en cualquier caso, en ausencia de una auditoría financiera, a recompensarla por la sofisticación de las irregularidades cometidas frente a la Comisión. En las circunstancias del presente asunto, nada indica que la Comisión debiera, o incluso pudiera, haber detectado antes las citadas irregularidades.

101 De lo anterior resulta que la Comisión estuvo en condiciones de hacer valer su crédito a partir de la recepción del informe de la OLAF.

102 El plazo de menos de dieciocho meses transcurrido entre la recepción del informe de la OLAF y el envío del acto impugnado y de la nota de adeudo n.º 3242410122, que es muy inferior al plazo de cinco años previsto por la jurisprudencia citada en el apartado 90 anterior, no puede considerarse, en las circunstancias del caso de autos, poco razonable.

103 Las alegaciones de la demandante según las cuales la Comisión no ha probado la existencia de maniobras dilatorias o de mala fe y según las cuales, por el contrario, la demandante colaboró con la OLAF y las distintas agencias ejecutivas de la Comisión carecen de relevancia. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 90 anterior, estas alegaciones solo serían relevantes en el supuesto de que la comunicación de la nota de adeudo se hubiera producido más allá de un período de cinco años a partir del momento en que la institución pudo normalmente invocar su derecho, lo que no sucede en el caso de autos.

104 De todo lo anterior se desprende que procede desestimar el segundo motivo.

Tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad en lo que respecta al plazo de prescripción previsto por el Derecho belga

105 Mediante el tercer motivo, formulado con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal General desestime el segundo motivo, la demandante alega que el plazo de prescripción de las obligaciones personales, de diez años, previsto por el Derecho belga no puede aplicarse de manera subsidiaria de conformidad con el artículo 9 del acuerdo de subvención, ya que dicho plazo es desproporcionado.

106 La Comisión considera que el tercer motivo carece de pertinencia.

107 A este respecto, procede recordar que el juez de la Unión puede desestimar por inoperantes un motivo o una alegación si comprueba que no tienen capacidad, en el caso de que sean fundados, para sustentar la pretensión formulada (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Eurocoton y otros/Consejo, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, apartado 52, y de 1 de marzo de 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics y Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Comisión, T‑301/20, EU:T:2023:93, apartado 103 y jurisprudencia citada), en el presente asunto la de que se declare ilegal el acto impugnado.

108 En el caso de autos, es preciso señalar que del acto impugnado no se desprende que la Comisión se basara en el plazo de prescripción previsto por el Derecho belga al que hace referencia la demandante. Por otra parte, según el artículo 9, párrafo primero, del acuerdo de subvención, el Derecho belga solo se aplica a la ejecución de dicho acuerdo con carácter subsidiario. Pues bien, en el caso de autos, el Reglamento Financiero es aplicable en lo que respecta a la prescripción del crédito. Por consiguiente, aun suponiendo que el principio de proporcionalidad se opusiera a la aplicación del plazo de prescripción previsto por el Derecho belga, esta circunstancia no afectaría a la legalidad del acto impugnado.

109 Por lo tanto, procede desestimar el tercer motivo por inoperante.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4 del acuerdo de subvención y del artículo 41, apartado 4, de la Carta

110 Mediante el cuarto motivo, formulado con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal General desestime el segundo motivo, la demandante alega que la Comisión vulneró sus derechos al negarse a transmitirle una copia en español del informe de la OLAF y de las comunicaciones, decisiones y resoluciones adoptadas en el marco del «procedimiento de reintegro».

111 En primer lugar, según la demandante, la Comisión interpreta erróneamente el artículo 4 del acuerdo de subvención, que establece que «todos los informes y entregables que, en su caso, se exijan con arreglo al presente acuerdo de subvención se redactarán en inglés». Pues bien, la demandante alega que ni el informe de la OLAF ni las comunicaciones, decisiones o resoluciones adoptadas en el marco del «procedimiento de reintegro» constituyen informes o entregables en el sentido de esta disposición.

112 Según afirma la demandante, el carácter erróneo de la interpretación adoptada por la Comisión se ve confirmado por el hecho de que, en los modelos de acuerdos de subvención relativos a proyectos posteriores al proyecto en cuestión, dicha institución añadió expresamente que los informes de auditoría también debían redactarse en inglés.

113 Por otra parte, la demandante sostiene que el Defensor del Pueblo Europeo ha declarado que la negativa a facilitar un informe de auditoría en el idioma solicitado por el beneficiario de la subvención objeto de dicho informe constituye un caso de mala administración.

114 En segundo lugar, la demandante sostiene que la Comisión vulneró su derecho, garantizado por el artículo 41, apartado 4, de la Carta, a comunicarse con dicha institución en la lengua de su elección y, de este modo, vulneró su derecho de defensa y su derecho a una buena administración.

115 La demandante precisa que los miembros de sus órganos de gobierno no comprendieron los hechos imputados. Sus servicios jurídicos, abogados y asesores no pudieron trabajar en la lengua en la que normalmente operan y aplican el Derecho de la Unión, a saber, el español.

116 A juicio de la demandante, la Comisión no puede invocar estipulaciones contractuales para limitar el alcance del artículo 41, apartado 4, de la Carta.

117 La Comisión rebate estas alegaciones.

118 En primer lugar, procede señalar que la demandante no invoca ninguna disposición contractual que obligue a la Comisión a comunicarle determinados documentos en español.

119 Se limita a alegar que el artículo 4 del acuerdo de subvención no abarca ni el informe de la OLAF ni las comunicaciones, decisiones o resoluciones adoptadas en el marco del «procedimiento de reintegro».

120 Es cierto que el artículo 4 del acuerdo de subvención solo menciona determinados tipos de documentos que deben redactarse en inglés. Más concretamente, esta disposición no menciona ni la comunicación general entre las partes contratantes ni las medidas contractuales que puede adoptar la Comisión, como las controvertidas en el presente asunto, ni los informes de investigación de la OLAF.

121 Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene la demandante, de ello no se desprende que la Comisión no estuviera facultada para utilizar el inglés en el marco de su relación contractual con la demandante para cualquier comunicación y para cualquier documento que no se mencione expresamente en el artículo 4 del acuerdo de subvención, ni que la Comisión estuviera obligada a comunicarse con la demandante en español.

122 En efecto, es preciso señalar que el acuerdo de subvención, al que se adhirió la demandante, está redactado en inglés. Además, es preciso señalar que la demandante nunca solicitó a la Comisión que utilizara el español en el marco de la ejecución del acuerdo de subvención en cuestión antes de su escrito de 6 de septiembre de 2023.

123 En estas circunstancias, la Comisión no estaba obligada, en virtud de las disposiciones contractuales, ni a comunicarse en español con la demandante a efectos de la ejecución del acuerdo de subvención ni a enviarle una versión española del informe de la OLAF o de documentos relacionados con la ejecución del acuerdo de subvención.

124 En segundo lugar, como se ha recordado en el apartado 46 anterior, si las partes deciden, en su contrato, mediante una cláusula compromisoria, atribuir al juez de la Unión la competencia para resolver cualquier controversia en relación con ese contrato, el juez de la Unión será competente, independientemente de la ley aplicable estipulada en el contrato, para examinar las eventuales vulneraciones de la Carta y de los principios generales del Derecho de la Unión (sentencias de 16 de julio de 2020, Inclusion Alliance for Europe/Comisión, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, apartado 81, y de 3 de julio de 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, apartado 45).

125 Sin prejuzgar la posibilidad de que una persona jurídica, como la demandante, invoque el derecho previsto en el artículo 41, apartado 4, de la Carta frente a la Comisión en el marco de una relación contractual, procede recordar que esta disposición establece que toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.

126 En el presente asunto, la demandante se dirigió a la Comisión en inglés con objeto de adherirse al acuerdo de subvención y establecer una relación contractual con esta. Se adhirió efectivamente a dicho acuerdo, que está redactado en inglés y contiene una disposición expresa según la cual los informes y los entregables deben redactarse en inglés. Así, eligió libremente el inglés para la gestión de su relación contractual con la Comisión.

127 En estas circunstancias, el artículo 41, apartado 4, de la Carta no exige que la Comisión estime una solicitud posterior de la demandante de cambiar de régimen lingüístico en función de las preferencias de esta última.

128 De lo anterior se desprende que la Comisión no estaba obligada, en virtud del artículo 41, apartado 4, de la Carta, ni a comunicarse en español con la demandante a efectos de la ejecución del acuerdo de subvención ni a enviarle una versión española del informe de la OLAF o de documentos relacionados con la ejecución del acuerdo de subvención.

129 Por consiguiente, procede desestimar también la alegación de la demandante basada en la vulneración del derecho a una buena administración y del derecho de defensa, dado que su argumentación relativa a la vulneración de dichos derechos y la relativa a la infracción del artículo 41, apartado 4, de la Carta se solapan plenamente.

130 Las alegaciones formuladas por la demandante no desvirtúan las conclusiones que figuran en los anteriores apartados 123, 128 y 129.

131 En primer lugar, los hechos que dieron lugar a las conclusiones del Defensor del Pueblo presentadas como anexo A.16 de la demanda se distinguen de los del caso de autos. De ese anexo se desprende que el acuerdo de subvención controvertido en dicho asunto y toda la comunicación relativa a su ejecución habían sido redactados en alemán. En esas circunstancias, el Defensor del Pueblo concluyó que ni la Comisión ni los auditores tenían derecho a obligar al reclamante en ese asunto a aceptar que la auditoría se realizara en otra lengua, a saber, el inglés.

132 Pues bien, en el caso de autos, la Comisión no modificó la lengua en la que se dirigió a la demandante a efectos de la ejecución del acuerdo de subvención. Por el contrario, fue la demandante quien solicitó a la Comisión que se comunicara con ella en una lengua diferente de las del acuerdo de subvención y de la utilizada en la ejecución de dicho acuerdo.

133 Por consiguiente, las conclusiones del Defensor del Pueblo mencionadas en el anterior apartado 131 no son extrapolables al caso de autos.

134 En segundo lugar, la alegación de la demandante de que los hechos que condujeron a la adopción del acto impugnado tienen alcance administrativo y consecuencias penales es en parte errónea y en parte inoperante.

135 Por un lado, ya se ha declarado en los anteriores apartados 28 a 37 que el acto impugnado es una medida contractual y no una medida administrativa. Así pues, la solicitud de devolución y la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios contenidas en el acto impugnado no constituyen sino la continuación de la ejecución del acuerdo de subvención, que tuvo lugar en inglés.

136 Por otro lado, la circunstancia, suponiéndola acreditada, de que los incumplimientos contractuales de la demandante que dieron lugar a la adopción del acto impugnado puedan tener consecuencias en otros procedimientos administrativos o penales no tiene incidencia alguna en la cuestión de si la Comisión respetó o no el Derecho contractual y la Carta en el marco de la aplicación del acuerdo de subvención.

137 En cualquier caso, aun suponiendo que la Comisión estuviera obligada a comunicarse en español con la demandante a efectos de la aplicación del acuerdo de subvención y a enviarle una versión española del informe de la OLAF y de los documentos relacionados con la ejecución del acuerdo de subvención, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la utilización de la lengua prevista en el artículo 3 del Reglamento n.º 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8), no es un requisito sustancial de forma en el sentido del artículo 263 TFUE, cuya inobservancia afecte necesariamente a la regularidad de cualquier documento dirigido a una persona en otra lengua. En efecto, si una institución dirige a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro un texto que no está redactado en la lengua de ese Estado, esa forma de actuar solo vicia el procedimiento si de ella se derivan consecuencias perjudiciales para esa persona en el marco del procedimiento administrativo (véase la sentencia de 9 de junio de 2016, CEPSA/Comisión, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, apartado 36 y jurisprudencia citada).

138 Este principio, establecido en el contexto de un procedimiento administrativo, es aplicable, a fortiori, a una relación contractual, como la controvertida en el presente asunto, en particular cuando la institución se dirige a la persona interesada en una lengua que esta ha elegido en el marco de su relación contractual.

139 De ello se deduce que solo si la utilización del inglés, en el marco de la relación contractual entre la demandante y la Comisión, tuvo consecuencias perjudiciales para la demandante, podría cuestionarse la legalidad del acto impugnado.

140 En el caso de autos, la demandante no ha demostrado la existencia de perjuicio alguno derivado del hecho de que la Comisión, en el marco de la relación contractual, se comunicara con ella en inglés. Su alegación según la cual los miembros de sus órganos de gobierno no comprendieron los hechos imputados y según la cual se dificultó la asistencia jurídica se ve contradicha por el hecho de que, en el marco de la demanda y de la réplica, impugnó de manera detallada el acto impugnado, lo que demuestra que comprendió bien dicho acto. Además, el hecho de que la demandante domine suficientemente el inglés también queda demostrado por la circunstancia de que se adhirió al acuerdo de subvención, que está redactado en inglés.

141 Por consiguiente, debe desestimarse el cuarto motivo.

Proposición de prueba presentada por la demandante el 16 de febrero de 2026

142 El 16 de febrero de 2026, la demandante presentó un auto de 24 de noviembre de 2025 del Juzgado Central de Instrucción n.º 6. Sin embargo, no indicó en apoyo de qué motivo o alegación presentaba dicha resolución ni invocó un motivo nuevo.

143 En la vista oral, la Comisión invocó la inadmisibilidad de la proposición de prueba y, con carácter subsidiario, su falta de pertinencia.

144 En respuesta a una pregunta formulada a este respecto por el Tribunal General en la vista, la demandante indicó que solo había presentado dicho auto como elemento de contextualización del presente litigio y que, en su opinión, dicho auto no incidía directamente en la solución de este.

145 En estas circunstancias, procede desestimar el recurso en su totalidad, sin que proceda pronunciarse sobre la admisibilidad de la proposición de prueba a la luz del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

Costas

146 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

147 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, conforme a lo solicitado por la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Cluster Calzado Innovación, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.

Sampol Pucurull

Laitenberger

Valasidis

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de septiembre de 2026.

El Secretario

El Presidente

V. Di Bucci

M. van der Woude

* Lengua de procedimiento: español.